Derecho de acceso a la información

Se define como el derecho de una persona de buscar y recibir información en poder del gobierno y/o de las administraciones públicas, reconociendo esto como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática.

Tenemos derecho a saber lo que sucede en nuestro país, cuánto dinero entra y sale o cuánto hay pero es derecho que no se nos da y por eso se da el típico problema de los presidentes que se terminan robando una gran cantidad de dinero y no pueden recuperarlo, para eso deberían de ver los derechos que tenemos y poder hacer algo al respecto a todo lo sucedido.

El derecho a ser informado surge como defensa del individuo frente a los poderes de quienes detentan la representación de la comunidad.

El Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) se presenta como uno de los mecanismos clave para una auténtica contraloría y participación social en la gestión pública, constituye uno de los pilares trascendentales del funcionamiento de la democracia, ya que expresa la plena vigencia del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.

“El acceso a la información pública es una de las dimensiones que indican el nivel de transparencia u opacidad en la gestión pública, junto con la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En este sentido, transparencia y acceso a la información no deben entenderse como sinónimos, sino más bien como términos complementarios”.

El DAIP en El Salvador no se encuentra de manera explícita en la Constitución de la República, por lo que su base legal emana de la jurisprudencia que ha emitido al respecto la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de dos sentencias: Una de amparo (432-98) y otra de inconstitucionalidad (13-2012), ha fundamentado el derecho de acceso a la información pública en los artículos 6, 18 y 85 de la Constitución.

¿Cuál es la importancia del acceso a la información?

El derecho de Acceso a la Información pública es necesario para garantizar los derechos a la libertad de opinión y ex­presión que recogen la Declaración Uni­versal de los Derechos Humanos de la Or­ganización de Naciones Unidas, así como otras declaraciones de derechos humanos y muchas Constituciones de diversos países; se considera como un instrumento para promover la participación ciudadana en la gestión pública ya que sin acceso a la información pública no puede haber participación política efectiva.